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FEMICIDIO DE NANCY GODOY: EL RECLAMO QUE PARALIZÓ A LAS ESCUELAS DE TODO EL PAÍS

Con un paro nacional de CTERA y masivas marchas en Río Negro, la comunidad educativa exigió el esclarecimiento del crimen de la maestra rural que había denunciado las condiciones del latifundio "El Curupí" en Corrientes.

La jornada de duelo y Paro Nacional convocada por CTERA tuvo una fuerte adhesión en toda la provincia de Río Negro. Con movilizaciones en diversas localidades y una masiva concentración de unos 500 docentes en el marco del Congreso Pedagógico en General Roca, el gremio UnTER unificó un reclamo urgente: justicia por el femicidio de la maestra Nancy Godoy.

Quién era la docente y el contexto del crimen

Nancy Godoy era una maestra rural que desempeñaba sus funciones en la provincia de Corrientes. Su nombre cobró relevancia pública debido a su activo compromiso con la comunidad educativa: la docente había denunciado penal y públicamente las precarias condiciones laborales y edilicias de las escuelas rurales ubicadas dentro del latifundio "El Curupí", un extenso territorio bajo control privado en el litoral argentino.
Poco tiempo después de visibilizar estas irregularidades y de reclamar condiciones dignas para sus alumnos y colegas, Nancy Godoy fue asesinada. La violencia del hecho y el contexto de sus presentaciones previas encendieron las alarmas de las organizaciones sindicales y de derechos humanos a nivel nacional, las cuales apuntan a la necesidad de investigar si el móvil del femicidio estuvo vinculado a su rol de denunciante frente a poderes locales.

Un pedido de justicia nacionalizado

A pesar de que el crimen ocurrió en el norte del país, el caso generó una profunda consternación y la inmediata respuesta de los trabajadores de la educación en distintas provincias. Sindicatos como UnTER incorporaron de forma orgánica el pedido de justicia en sus banderas de lucha bajo la consigna "¡Ni una docente menos!", exigiendo el rápido esclarecimiento del asesinato, el fin de la impunidad en los contextos rurales y la protección efectiva para los trabajadores que denuncian la desidia estatal o privada.

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